TASAS JUDICIALES

Escrito por interlex el .

 

tasas¿COMO NOS AFECTAN LAS TASAS JUDICIALES?

El pasado 22 de noviembre de 2012 entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por lo que se derogó la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, aprobada por el anterior Gobierno, que recuperó en el ámbito de la Administración de Justicia la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, por la que se modifica el sistema instaurado en la ley derogada de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdicioanl en los órdenes civil, contencioso-admnistrativo y social, coloquialmente denominada LEY DE TASAS. Dicha Ley implica una reforma sustancial del sistema de pago de tasas para poder promover procesos y formular recursos ante los Juzgados y Tribunales de Justicia. La principal novedad es el sometimiento de las personas físicas al pago de la tasa.

 

 

Entendemos que la citada Ley de Tasas Judiciales supone una grave limitación y vulneración del derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia, ya que impone unas tasas elevadísimas en lo que hasta ahora era un derecho gratuito. Supone una evidente vulneración del derecho de igualdad de todos los ciudadanos reconocido en el artículo 24 de la Constitución, y el de tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, al crear una auténtica barrera de entrada a la justicia. A partir de ahora, muchos españoles no podrán acceder a la justicia ante la imposibilidad de poder abonar las tasas judiciales más los honorarios de Letrado y Procurador

            Tras la polémica creada por la aplicación de la nueva ley de tasas judiciales, el Gobierno ha modificado parcialmente y en un tiempo récord la ley de tasas del 20 de noviembre de 2012, mediante el real decreto ley 3/2013 que fue aprobado el 22 de febrero de 2013. Las principales novedades son las siguientes:

- Reducción en un 80% de las cuantías fijas y variables en primera instancia.

- En los procesos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual las tasas quedan excluidas de la condena en costas a pagar a la entidad bancaria por parte del titular del crédito o, en su caso, del avalista

- Los funcionarios se beneficiarán del 60% de bonificación cuando recurran en defensa de sus condiciones laborales, al igual que ocurre con el resto de trabajadores.

- El real decreto exonerará del pago de las tasas judiciales en casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. En separaciones y divorcios sin acuerdo se pagarán 168 euros.

- Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable, no podrá exceder del 50 % del importe de la sanción económica impuesta.

La tasa se aplica al orden civil, contencioso admnistrativo y social (el penal queda exceptuado por sus características especiales). En el orden social, sólo se aplica a los recursos de suplicación y casación.

La tasa se calcula con arreglo a dos factores: una cantidad variable, en atención a la cuantía del proceso judicial, y otra fija, en función del tipo de proceso. La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.

A) LA CUOTA FIJA en función de cada clase de proceso, se determina de la siguiente forma:

 

Orden Civil

 

a) Procedimiento verbal y cambiario: 150€ (las reclamaciones de cantidad inferiores a 2.000 € quedan exentas)

b) Ordinario: 300€

c) Monitorio: 100€

d) Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200€

e) Concurso necesario: 200€

f) Apelación: 800€

g) Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200€

 

Orden Contencioso Administrativo

 

a) Abreviado: 200€

b) Ordinario: 350€

c) Apelación: 800€

d) Casación: 1.200€

 

Orden Social (únicamente en Recursos)

a) Suplicación: 500 €

b) Casación: 750€

 

B) LA CUOTA VARIABLE Además de esta cuota fija deberá abonarse un tipo según la cuantía del proceso. Cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10 % con el límite de cuantía variable de 2.000 euros

 

A continuación mostramos un ejemplo práctico que viene a ilustrar los importantes cambios que se han producido recientemente y que han creado cierta incertidumbre e inseguridad a los ciudadanos en cuanto al coste que supone el acudir a los Tribunales de Justicia. Así la impugnación de una multa de tráfico de 200 euros ha tenido la siguiente evolución en los últimos cuatro meses:

  • Antes de la Ley 10/2012

(Antes de 22/11/12)                                                    0 euros

  • Después de la Ley 10/2012

(A partir de 22/11/12)                                                 201 euros (tasa fija + variable)

  • En la actualidad

(Tras reforma de febrero 2013)                                     100 euros (50% del importe de sanción)

Tras el ejemplo expuesto solo nos queda hacernos la siguiente pregunta ¿merece la pena recurrir las multas de esta cantidad? ¿Supone ello un límite de acceso a la justicia?. Sin duda entendemos que sí, ya que al importe de las tasas habrá que añadir además los honorarios correspondientes al abogado y al procurador que hemos de contratar para acudir a los Tribunales de Justicia.